Reportaje

El pasado, el presente y el futuro de las cárceles

Álvaro Vega| Si algo caracteriza al Sistema Penitenciario español es su superpoblación, pese a que la tendencia durante de los últimos años se ha inclinado a una ligera bajada continuada. A enero de 2015 65.039 personas privadas de libertad viven en nuestro país, lo que suponen un 0,137% respecto al total de habitantes frente al el 0,13% británico, el 0,118% francés o el 0,09% italiano. La proporción española de presos masculinos (60.001 en enero) supera por doce las de mujeres (4.978 ese mismo mes). Mercedes Gallizo, Directora General de Instituciones Penitenciarias entre 2004 y 2011, afirmaba a Torre de Control “el Código Penal español es uno de los más duros de los países de nuestro entono, tanto en la penalización de conductas como en la duración de las penas”. Y Julio Tejerina, del observatorio por los derechos humanos de los presos Oteando, incidía sobre otro aspecto: “hay personas que han estado encerradas para ser absueltas al cabo de dos años cuando se acaba el plazo de la prisión preventiva”. Aquí podemos encontrar algunos de los problemas que más achacan al Sistema Penitenciario español.

Evolución de poblaciones presas europeas (Elaboración propia)

Evolución de poblaciones presas europeas (Elaboración propia)

La evolución del Sistema Penitenciario

El Sistema Penitenciario español ha sufrido una gran transformación desde sus inicios modernos tras la Guerra Civil. Su desarrollo desde aquellos años ha derivado en el que tenemos ahora, por lo que echar la vista atrás brevemente ayudará a comprender la situación actual. Durante los primeros años del franquismo las cárceles españolas se caracterizaron por una masiva superpoblación, como indica Javier Sierra Rodríguez, profesor de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad de Murcia, en su informe Manual de Políticas Públicas Penitenciarias: aproximación a través de estudios de caso, en 1940 se alcanzó la mayor cifra de encarcelados con 270.791 por el masivo encarcelamiento de presos republicanos. En los datos que recoge del INE se observa como la proporción de mujeres presas entre 1939 y 1954 se situaba entorno al 10%, puntos por encima del 8,3% actual. A partir de esos años se vieron obligados a rebajar la altísima población reclusa con medidas con escaso éxito inicialmente, hasta que se decantaron por flexibilizar las salidas y en 1954 había 23.092 presos registrados en España, una bajada enorme de más de 216.000 personas.

En 1944 se estableció un nuevo Código Penal que aunaba todas las normas penitenciaras estatales y todavía trataba la figura del prisionero de guerra, y que estuvo vigente, con sucesivas modificaciones, hasta 1995. Con la muerte del dictador Franco aumentaron las protestas por la situación de los presos y se concedieron numerosos indultos por el bien de la estabilidad social. De 1974 a 1975 disminuyeron en más de 6.000 los encarcelados, siendo 8.440 los privados de libertad en los albores de la democracia española. Aquel periodo estuvo marcado por sucesivas reformas, el encarcelamiento de etarras e incidencias en los centros penitenciarios.

Entre 1974 y 1989 las cifras de presos fueron inestables, este periodo finalizó con tendencia a la alta y con más de la mitad de encarcelados que en su inicio, de 14.764 a 31.127 como indica el Javier Sierra en el citado estudio. En el siguiente periodo se continuó esa misma tendencia hasta que alcanzar el máximo de la democracia en 2009 con 76.709 presos según datos del INE. Desde entonces comenzó una bajada continuada de más de 10.000 presos, que ha situado en 65.039 la población presa según los últimos datos de 2015.

Evolución de la población presa española de 1990 a 2013 (Elaboración propia. Datos INE)

Evolución de la población presa española de 1990 a 2013 (Elaboración propia. Datos INE)

El Sistema Penitenciario actual

Este proceso ha dado lugar a unos Sistemas Penitenciario y Judicial que la misma directora que encabezó el primero durante 7 años califica como “uno de los más duros de nuestro entorno”. Y sobre la Ley de enjuiciamiento criminal el actual Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha declarado que está “pensada para el robagallinas, no para el gran defraudador”. Los problemas que achacan a estas instituciones no son solo críticas de los presos, sus familias o algunos funcionarios o de miembros de organizaciones de derechos humanos, como Julio Tejerina criticaba “los ricos nunca entran y los pobres nunca salen”.

Mónica Aranda e Iñaki Rivera, del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, elaboraron una gran y detallada labor al respecto en su estudio Problemáticas detectadas en el Sistema Penitenciario español (y algunas propuestas) de 2012 que no se ha quedado anticuado 3 años después. La masificación es su primer problema y la falacia del aumento de esta por la criminalidad. Sitúan la primera en un 127,9%, una de las mayores de Europa, que se contradice con la bajada constante de criminalidad, una de las menores de Europa. Todo ello tiene como consecuencia el empeoramiento de la vida en las cárceles y su posterior reinserción, lo que se deriva en mayor gasto público ya que esto empuja de vuelta a la prisión. Esta se produce a partir de los talleres de trabajo, de un tratamiento psíquico y físico digno de cada caso y una convivencia saludable y solidaria, aspectos que se dificultan en gran medida desde el hacinamiento. Julio Tejerina, el médico de Oteando, denunciaba la gran falta de personal médico, y los autores de dicho estudio extienden esa escasez relativa al resto de personal e instalaciones penitenciarios. También coinciden en la falta de transparencia los autores con Tejerina, ya que se impide la entrada a trabajadores independiente, así como lo hacen en la existencia de tortura y malos tratos. Y el estudio de Aranda y Rivera añade además la falta de intimidad personal y familiar, de asistencia efectiva de un abogado, de reeducación y de trabajo penitenciario remunerado. O la gran desconfianza entre los presos y los funcionarios y los abusos por parte de estos que denuncia nuestro compañero Christian Gómez Calcerrada.

Algunas medidas concretas

Se puede establecer una serie de medidas provisionales, como las del “modelo de reducción de los daños” de los autores, para mejorar esta situación entre las que incluyen:

  • Minimizar el uso de la prisión preventiva.
  • Acabar con las duras limitaciones de los beneficios penitenciarios.
  • Establecimiento de una oferta educativa/formativa que aleje al preso de la estigmatización.
  • Tratar la problemática de los presos con trastornos psiquiátricos.
  • Aumento del personal sanitario y respeto a la intimidad del paciente preso.
  • Más Unidades de Madres a falta de una puesta en libertad alternativa.
  • Respeto a la igualdad de los encarcelados extranjeros.
  • Solución de la insalubridad y falta de higiene en las instituciones y los traslados.
  • Investigación, persecución y depuración de toda la tortura y creación de organismos para prevenirla.

Un modelo hacia el que podemos dirigir la mirada es, como ya es habitual, el nórdico. Países como Noruega son conocidos por sus progresivos sistemas penitenciarios de “prisiones abiertas”. Famosa es la Prisión Bastoy, situada en una isla que carece de rejas. Los reclusos, que se componen de altos criminales en la última etapa de su condena y criminales menores, viven en casas de madera, cultivan su pequeña granja, tienen talleres y disponen de bicis, áreas deportivas o el campo. En la prisión de Halden abundan las funcionarias que trabajan con los internos (nunca solas). Con esta innovadora medida los presos no sufren ningún cambio brusco al ser libres y solo haber tenido la presencia durante años de otros hombres. Noruega también tiene establecida un modelo que evoca la prisión permanente revisable, en el que la condena máxima de 21 años se revisa al finalizarse y si no se observa reformación alguna del preso se aumenta otros 5 años hasta que se logre. ¿Huelga decir que Noruega disfruta de una de las reinserciones de presos más altas del mundo?

Existen sistemas diferentes, más modernos, más respetuosos con los derechos humanos, y además funcionan. Multitud de organizaciones quieren poner su granito de arena para mejorar la vida de los encarcelados, pero no se les permite. Las posibles medidas para mejorar el sistema se han nombrado. Solo hace falta voluntad política para que se lleven a cabo. Pero si se tiene en cuenta la última reforma del código penal, la aprobación de la ley mordaza y las medidas que conllevan solo parece posible un recrudecimiento del sistema y la precariedad.

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